Liberan a 4 niñas detenidas por caso de matrimonio forzado en Cochoapa
El suegro de la mayor de ellas las mandó a detener para exigir se le devolviera el dinero que pagó para darla como esposa a su hijo
La presidenta de la Codehum aclaró que el adeudo era problema de adultos y se pactó la entrega de Angélica “N” a una de sus tías
Las niñas confirmaron que estuvieron detenidas en una celda. El caso de su madre, quien sufrió un aborto de trillizos por agresiones, no se trató en esta reunión
LUIS HERNÁNDEZ
COCHOAPA EL GRANDE, GRO.
Cuatro niñas de la localidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, quienes estaban detenidas por la Policía Comunitaria de la CRAC, fueron liberadas este domingo por la tarde, por intervención de Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Guerrero, y Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado.
Ambos funcionarios lograron este domingo la liberación de las cuatro menores de edad, hermanitas entre así, quienes fueron detenidas por elementos de la Policía Comunitaria, producto de un desacuerdo entre adultos, por el matrimonio forzado de la mayor de ellas de nombre Angélica N.
Cabe destacar que los coordinadores de la Policía Comunitaria señalaron que las menores Angélica «N», de 15 años de edad, y sus hermanas Santamatrina, de 7 años; Fernanda, de 5, y Jenifer de 5 años, no estaban detenidas.
Sin embargo, este reportero habló con las menores y ellas aclararon que sí habían estado encerradas en una salda por 5 días y 5 noches, hasta que se difundieron algunas fotografías y las pasaron al pasillo.
Antecedentes
Este caso se conoció el sábado, porque la señora Concepción Ventura, madre de las niñas detenidas, fue internada en el hospital de Ometepec, tras sufrir un aborto de trillizos, por una presunta agresión de la Policía Comunitaria.
Estos hechos sucedieron cuando Concepción Ventura acudió a la Casa de Justicia de Dos Ríos, a darle de comer a sus pequeñas y a su suegra. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer atendieron el caso.
De acuerdo con la denuncia de la señora Concepción, su hija Angélica de 15 años, y tres hijas más, menores de 10 años, fueron encarceladas por elementos de la Policía Comunitaria debido a que el suegro de Angélica exige la devolución del dinero que pagó por un matrimonio forzado para su hijo.
Angélica fue víctima de matrimonio forzado, al ser casada con un joven identificado como Rafael Julián, ambos originarios de la comunidad de Joya Real. Los padres del joven pagaron 120 mil pesos por Angélica.
Según la denuncia que circuló profusamente en redes sociales, tras la boda, el esposo emigró a Estados Unidos dejando a Angélica en casa de sus padres, en donde su suegro la intentó violar en distintas ocasiones. Ella escapó a la casa de su abuela. Por lo tanto, el suegro interpuso una denuncia en contra de ella y los elementos de la CRAC-PC la detuvieron junto con su abuela, y también se llevaron a sus hermanitas, pues el suegro exige el doble del dinero que pagó por la boda, 210 mil pesos.
La señora Concepción, acudió a la Casa de Justicia, sede los comunitarios, a dar de comer a su hija Angélica, pero el comandante de la PC la jaloneó y empujó, provocando que perdiera a sus tres bebés, pues llevaba 4 meses de embarazo.
En redes sociales se difundió una serie de fotografías en las que se observan a las niñas detenidas y a la señora Concepción en el piso de la Casa de Justicia lleno de sangre.
Para salvar la vida de la mujer, sus familiares tuvieron que llevarla al hospital de Ometepec con la ayuda de Protección Civil; sin embargo, no lograron salvar a los trillizos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó este domingo por la mañana un comunicado en el que confirma los hechos, e informó que daría acompañamiento a las víctimas y realiza las diligencias para buscar la liberación de las menores.
La reunión
Este medio acudió a Cochoapa El Grande, donde las autoridades estatales, así como el presidente municipal, sostuvieron una reunión con los coordinadores de la Policía Comunitaria en la localidad de Dos Ríos para liberar a las 4 menores detenidas.
La reunión se realizó este domingo a las 4:00 de la tarde en el comedor comunitario, el cual se encuentra habilitado como Casa de Justicia de la CRAC-PC.
Además de Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas, acudieron funcionarios de las mismas dependencias.
De parte de los comunitarios acudió Carlos Martínez Cano coordinador de la Policía Comunitaria de Dos Ríos, así como el presidente municipal Bernardo Ponce García.
Acudieron también Juan Manuel Martínez Vázquez, padre de Angélica «N», de 15 años, y los demandantes Rutilio Nicolás Moreno y Hilaria Pacheco Martínez, suegros de la menor.
Desde el inicio, el titular de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Benito, explicó que su presencia en la comunidad se debía a la detención de 4 menores en Dos Ríos, y que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, asistió para buscar una solución al problema.
También aclaró que los matrimonios forzados es una práctica que debe desterrarse. Precisó que las autoridades tradicionales también deben conocer que está penado vender a una niña y debe haber conciencia, pues aunque son prácticas que realizaban anteriormente, con base en los usos y costumbre, ahora esto ya no debe de pasar, porque está tipificado como delito, y se debe concientizar a las autoridades y a los ciudadanos que son prácticas que violentan a las mujeres, sobre todo a las niñas.
Cecilia Narciso Gaytán, por su parte, en su mensaje indicó que asistió a la comunidad para garantizar que haya respeto a todos los ciudadanos y para todas las personas.
El alcalde Bernardo Ponce García, a su vez, agradeció la asistencia de los funcionarios e indicó que no asisten a perjudicar o molestar a alguien, si no que vienen con mucho respeto para buscar una solución al conflicto.
El careo
Posteriormente se estableció una mesa de diálogo en donde estuvieron presentes el padre de Angélica “N” y los suegros, así como también los funcionarios estatales y autoridades municipales.
Durante la reunión, tanto la parte agraviada como el agresor dieron su versión de los hechos.
Rutilio Nicolás Moreno, el suegro de Angélica “N”, señaló que el problema comenzó por un préstamo de 15 mil pesos, situación que se fue complicando, mientras que Juan Manuel Martínez Vázquez, el padre de la menor, aceptó que tenía una deuda con su consuegro pero jamás había venido a su hija.
Recalcó que se habían tergiversado las cosas, pues su hija se casó con Rafael Julián, quien es hijo de Rutilio Nicolás, y aunque éste en múltiples ocasiones intentó comprarle a su hija, siempre se negó.
De igual forma acusó a Rutilio de haber intentado violar a su hija en varias ocasiones; y debido a esto, ella huyó de la casa de sus suegros y se fue a la casa de su abuela, lugar a donde iniciaron los conflictos a donde después llegaron los policías comunitarios a arrestarla.
Durante la reunión, la presidenta de Derechos Humanos aclaró que ambos sujetos tienen la responsabilidad y es la menor quien está pagando las consecuencias de las acciones como adultos, por lo que invitó a buscar una solución inmediata, y que no utilicen a Angélica para negociar y solucionar un problema,
También los exhortó a dejar de lado los problemas que tienen, para evitar mayores conflictos entre ambas familias.
El secretario Rojas Benito, por su parte, señaló que la menor está incapacitada para tomar decisiones, y que su madre debe ser la que esté a cargo, por lo que pidió que se autorizara la inmediata libertad de la menor.
El presidente Bernardo Ponce dijo también que como autoridad arrestaría a ambos padres y entregaría a la menor al DIF; sin embargo, en tanto se resuelve la situación pidió que la menor sea entregada a sus padres, aunque no lo merecen, porque no son buenos padres.
De igual forma pidió a ambos que se comprometieran ante las autoridades presentes a que no volverán a cometer el mismo error.
Acuerdos
Luego de dos horas de diálogo en el lugar se tomaron acuerdos con el coordinador de la CRAC-PC y con el demandante, con la intención de dejar en libertad a las menores que estaban en las instalaciones de la Policía Comunitaria.
Además, se acordó que Juan Manuel Martínez Vázquez en ese momento entregaba a su hija Angélica Martínez Ventura, a su tía Petra Martínez Vázquez, quien la recibió en el acto y a partir de este momento queda bajo su custodia.
Las instancias de gobierno presentes se comprometieron a hacer del conocimiento de la entrega de la menor al DIF Guerrero y a la Secretaría de la Mujer, para el efecto de que realice visitas, entrevistas, estudios y lo que proceda, conforme a la Ley de Protección y Desarrollo de los Menores del Estado de Guerrero.
Además, ambas partes se comprometen a no agredirse, y respetarse entre ellos y a las partes que intervinieron, caso contrario se procederá conforme a derecho.
Juan Manuel Martínez Vázquez se compromete a ya no vender a ninguna de sus otras hijas, y de ser el caso se sujetará a las disposiciones legales aplicables.
Desde este momento queda sin efecto por inexistencia el pagaré firmado por Juan Manuel Martínez Vázquez a favor de Rutilo Julián Moreno, donde supuestamente firmó como aval el señor Santiago Martínez Valdez.
Las dependencias participantes se comprometieron a realizar eventos de capacitación en las comunidades de Cochoapa el Grande para erradicar el matrimonio infantil.
Las partes se comprometen a respetarse, y los derechos de la menor quedan a salvo para juntarse con su pareja, una vez cumplida la mayoría de edad, quien se encuentra ausente.
Las autoridades comunitarias de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, manifiestan que de ninguna manera están de acuerdo con el matrimonio infantil.
Cabe decir que por momentos en este diálogo la situación estuvo tensa, e incluso se desataron rumores de que la población quería agredir a la comisión oficial que acudió a liberar a las menores.
También decir que el caso de la señora Concepción Ventura, madre de las menores quien presuntamente sufrió un aborto de trillizos, y quien estaría internada en Ometepec, no se trató en esta reunión.
