Denuncia Tlachinollan caso de otra niña vendida en la Montaña
*Sucedió en Joya Real, el mismo pueblo donde fue vendida Angélica
*La menor huyó pero fue encarcelada por la Policía Comunitaria, junto con su tío, su primo y un hijo del vecino donde se refugió
*La tenían que entregar el lunes. Pagaron alrededor de 200 mil pesos
REDACCIÓN
LA MONTAÑA
Abel Barrera, director de Grupo de Derechos Humanos Tlachinollan, denunció ante medios nacionales de otro caso de la compra-venta de una niña en el municipio de Cochoapa El Grande, en la región de la Montaña de Guerrero, a la que afortunadamente las autoridades lograron rescatar este martes.
Dijo que la menor trató de huir del matrimonio forzado pero fue detenida por elementos de la Policía Comunitaria de la CRAC, junto con el primo que la pactó, así como otro jovencito de la familia con que se refugió, y un tío, a quien acusa de haberle dado el aviso de que había sido vendida y la iban a entregar. En total, por este caso, fueron detenidas 4 personas.
El antropólogo dijo que la joven trató de que algún vecino le ayudara a salir de la comunidad pero no lo logró, y hacia las 8:00 de la mañana del lunes fue detenida y llevada a los separos de la CRAC-PC.
Esto a pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que no se permitiría más ningún matrimonio forzado, y que el pasado 10 de noviembre lanzó en Tlapa la estrategia para erradicar este tipo de prácticas que se esconden bajo los usos y costumbres indígenas, en coordinación con autoridades federales y una representante de ONU Mujeres.
La compra-venta
Durante una entrevista al noticiero matutino de Carmen Aristegui, el activista Abel Barrera indicó que el fin de semana se hizo la fiesta, con el sacrificio de una vaca y baile, como parte de las negociaciones para que los padres de la menor la entregaban, para casarla con otro menor.
Dijo: “Anoche (lunes) tuvimos una llamada por parte de familiares de una niña que nos están diciendo que el día de ayer, como a las 8 de la mañana huyó de su casa.
“Estamos hablando de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande, la misma comunidad donde se dio el caso de Angélica.
“El viernes, previamente fueron familiares del niño a establecer un acuerdo con los familiares de la niña, en el mismo sentido de que ellos desconocen estos acuerdos.
“Fueron para la visita previa y el domingo se hizo la comida, mataron una vaca, tomaron. En cuanto a que era el compromiso de que ayer lunes iban a entregar la niña. Se desconoce todavía la cantidad exacta, pero se habla de alrededor de 200 mil pesos”.
Huérfana
El activista de derechos humanos dijo que se trata de una niña huérfana, menor de 15 años, a quien sus familiares, concretamente un primo, negociaron con otra familia para casarla.
“Ella, al saber que la iban a entregar ayer por la mañana, porque iba a llegar la familia del niño por ella, lo que hizo fue huir. Pidió auxilio de otra familia de la comunidad para que la sacaran en algún vehículo, pero dado que la Policía Comunitaria se enteró de que se escapó, en el momento en que iban a entregar el dinero, obviamente que tenían que dar con su paradero.
“Resulta que la ubicaron en la casa de un vecino y se puede decir que ella se fue a resguardar para evitar que se la llevaran o la obligaran a casarse.
“Entonces, esto es lo que está pasando. Ayer nos hablaron familiares para decirnos que a la niña la encerraron, está encarcelada. Y encarcelaron también al hijo del vecino donde se encontraba la niña, porque sospechan de que supuestamente ella ya tenía un acuerdo con ese niño. Entonces el niño está detenido.
“También está detenido el primo de la niña, que es el que pactó la venta de la menor. Lo detuvieron porque se supone que no cumplió con este acuerdo.
“Al mismo tiempo está un tío, al que acusan de que él avisó a la niña para que se fuera.
“Entonces ahorita tenemos detenidas a cuatro personas: al tío de la niña, al primo que iba a hacer la venta, a la niña misma y a otro niño.
“Lo que preocupa es que dicen que ayer no les dejaron pasar ni agua ni comida para que por lo menos se hidrataran y se alimentaran.
“Y hoy que fueron en la mañana los familiares, igualmente no permitieron.
“Lo que hemos hecho es que hoy en la mañana salió un grupo de compañeros y compañeras a Joya Real. De Tlapa a Joya Real serán 4 horas. Hemos pedido la intervención de la Agencia del Ministerio Público para que vaya a verificar esta privación ilegal de la libertad. También hemos pedido la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Me dijeron que siguen detenidos y los van a mantener así hasta mañana.
“Entonces, se mantiene esta práctica de la venta de niñas y a pesar de que el 10 de noviembre se hizo un evento en Tlapa con la gobernadora donde se hablaba para poner en marcha una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, pero resulta que ese evento no tuvo ningún efecto positivo.
“Ayer que nos hablaron por teléfono decíamos, bueno, ¿a quién le hablamos para que pongan en acción esta estrategia? Pues lógicamente fue algo mediático y que ahorita se vive una situación muy grave”.
4 bodas infantiles
Barrera dijo que en ese mismo pueblo esta semana se estarían celebrando 4 bodas infantiles.
“Quiero comentarte Carmen que hay una versión que no está corroborada, pero que hoy mismo en este día iban a haber 4 matrimonios de niñas, aparte de la que está detenida, y que pues obviamente hoy va a haber fiesta en Joya Real por estos casamientos forzados de niñas.
“Esto, si se corrobora, realmente es muy grave y vemos que no hay una acción de las instituciones par prevenir y sobre todo para evitar que se consumen este tipo de alianzas matrimoniales donde las niñas son las principales víctimas de esta práctica que se ha mercantilizado, se ha denigrado la niña de las menores en Joya Real, municipio de Cochoapa que es un pueblo mixteco, y el antecedentes es el de Angélica y ahorita está otra menor encarcelada y por eso estamos denunciando y haciendo ver que esta estrategia la anunció el gobierno estatal en coordinación con instituciones federales, en verdad no operaron ni siquiera un número un contacto para poder alertar de esta situación.
Tuvimos que hacer anoche todo el cabildeo para convencer a las autoridades, tenían que salir hoy para ir a rescatar la niña. Esperamos que se pueda lograr y no se le sigan generando más daños”.
Violencia por usos y costumbres
Milenio hizo el pasado 10 de noviembre un reportaje acerca del matrimonio forzado, el cual es apenas un eslabón en la cadena de violencias que, disfrazadas de “usos y costumbres”, se arraigaron en la región de La Montaña de Guerrero, donde a diario cientos de niñas y mujeres sufren el maltrato físico, psicológico y sexual entrañados en una práctica que más tarde se convierte en esclavitud, y -en el peor de los casos- culmina en feminicidio.
En esta región de la Mixteca, donde imperan los llamados usos y costumbres, las mujeres indígenas son “víctimas de la falta de atención de las autoridades”; mientras que las familias, “ante la escasez de dinero, están viendo que pueden obtener un ingreso a través de los hijos”, según explica a Milenio Abel Barrera, director del Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, organización no gubernamental que se ha encargado de darle acompañamiento a las mujeres indígenas para salir de la reclusión.
Divulgó el rotativo: “Una revisión que hizo la Red por los Derechos de la infancia en México (Redim) con números del censo de población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que en México habrían 285 mil 434 adolescentes de entre 15 y 17 años (218 mil 201 mujeres y 67 mil 233 hombres) casados o en unión libre, mientras que en un rango de edad entre 12 y 14 años, 18 mil 974 niñas y 9 mil 89 varones vivían en la misma condición, aunque no todas las uniones son registradas.
“Los datos también muestran que el matrimonio infantil es un fenómeno que se replica principalmente entre las menores de entre 15 y 17 años en entidades como Chiapas (11.8 por ciento), Guerrero (11.1 por ciento) y Michoacán (10.2 por ciento); y entre los 12 y 14 años, alcanzaría el uno por ciento.
“La misma estadística muestra que 24 de las y los adolescentes que legalmente contrajeron matrimonio el año pasado lo hicieron con un adulto, pese a la modificación del Código Civil Federal, que estableció la mayoría de edad como requisito para hacerlo.
“Sin embargo, en lugares como La Montaña de Guerrero no requiere del marco legal para ser válido ante la comunidad, del mismo modo que se ignoran las leyes a la hora de garantizar los derechos de las niñas y mujeres.
“El caso más reciente, el de Angélica, una víctima de unión forzada que fue encarcelada por negarse a que su suegro a ser violada, y quien, siendo una niña, se convirtió en un ejemplo al armarse de valor para denunciar una estructura patriarcal, y evidenció el cómo “las instituciones pasivas dejan inermes a las niñas indígenas”, según el mismo Abel Barrera.
“El también antropólogo, reconoce que las violencias difícilmente podrán erradicarse con acciones teledirigidas desde la ciudad o con el reparto de escuetos programas sociales, mientras no existan oportunidades laborales, de educación, o continúe un vacío de las instituciones.
“Pero el otro problema es que no hay en qué trabajar, no hay un trabajo remunerado en esas comunidades; no hay escuelas para que las niñas tengan al menos la ilusión de que pueden ser profesionistas y darles un horizonte muy diferente, en lugar de decirles que a los 11 años te vas a casar”, criticó.
“Las instituciones no pueden ser omisas, y sentimos que son cómplices”, advirtió.
“Desde su experiencia explicó, que en primer lugar se debe cubrir el vacío de las instituciones, pero no por la vía de la penalización, sino con acciones focalizadas, porque el problema está focalizado, principalmente, en municipios como Cochoapa el Grande o Metlatonoc.
“Se deben definir protocolos sobre cómo van a intervenir las autoridades municipales, cómo van a intervenir los tres niveles de gobierno”, pues las soluciones plasmadas hasta ahora, las califica como “ineficientes y obsoletas”.
Parte de la responsabilidad, dijo, está en el Congreso de la Unión “que no está emitiendo leyes a la altura de las exigencias”; pero también en las instituciones que se han creado expresamente para combatir la violencia, y de manera particular en los ministerios públicos que han sido desmantelados.
“Hay una ministerio público para atender a mujeres, pero no tienen ni hojas, ni tinta para la impresora, cosas tan básicas no hay; están desmanteladas”.
“Expresó también un reclamo ante la firma de convenios y las alertas de género, que se han convertido en campañas de sensibilización con folletos que nadie lee, porque la gente no sabe leer, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 12 de cada 100 personas de 15 años o más en Guerrero no saben leer ni escribir y sólo 42 por ciento de su población asiste a la escuela después de los 14 años.
“Se tiene que tomar decisiones tomando en cuenta el contexto cultural, sin violentar los derechos humanos, y sobre todo escuchando a la población, porque si sigues dando recetas desde el centro de la ciudad, son dos mundos que se complementan, pero tienen lógicas diferentes, y se requiere entender que el mundo es otro, que la cosmovisión es otra”, aseveró Barrera.
“Desde esa óptica –dijo- se requiere dar educación, salud, recreación, deporte, oportunidades para desarrollo de habilidades artísticas, y que los niños puedan voltear a ver que el paisaje es para que jueguen, y no se enfrenten al verdugo”.
“En este mismo tono sugiere “una intervención micro con directrices macro, con programas que realmente vayan pensados en el desarrollo de niñas y niños”, mismos que representan la mayoría de la población en esta entidad con 1 millón 34 mil guerrerenses entre 0 y 14 años, de los cuales 174 mil son niñas entre 4 y 9 años de edad y 172 mil entre 10 y 14.
“Si damos por hecho que con mil 500 pesos de un programa social… Eso no resuelve el problema, no es la panacea; tenemos que buscar otras formas de reducir la desigualdad y la brecha”, remarcó el activista.
“Es muy cruda la realidad de las familias que no saben qué van a comer mañana, no hay mañana en términos de salud, el mañana es dolor, el mañana es hambre, el mañana son lágrimas, son golpes, ese mañana es el que no se quiere ya. ¿Cómo garantizar que no haya tristeza en la montaña?”, cuestiona.
“Hoy, Abel Barrera confía en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora Evelyn Salgado no dejen a La Montaña en el desamparo, y ojalá que los dichos “se transformen en políticas públicas para que el sufrimiento de Angélica –como el de muchas más- no sea en vano”.
“Pero este es un problema que no sólo se vive en La Montaña, pues el llamado de las Organizaciones de la Sociedad Civil para que las autoridades atiendan con urgencia este fenómeno rebasa las fronteras.
“Según información de ONU Mujeres “América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes.”
“El organismo ha advertido que sin acciones e inversiones aceleradas, América Latina y el Caribe, donde uno de cada cuatro mujeres se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años, ocupará el segundo puesto más alto de matrimonio infantil y uniones tempranas para 2030.
“Ahí está el gran reto para la gobernadora de Guerrero, donde “a la mujer ya la ven como un objeto”.
Violencia intrafamiliar
“Neil Arias Vitinio es abogada de Tlachinollan, y desde 2014 ha monitoreado la violencia contra las mujeres en la montaña, a la fecha hay 77 casos de muertes violentas documentadas en la región de la Montaña, una violencia que –advierte- “ha escalado de nivel”.
“A la mujer ya la ven como un objeto, un objeto; aquí, la costumbre es que se va a la casa del esposo, donde viven los suegros, y ahí empieza a vivir una situación, la mujer enfrenta un viacrucis, un caminar complicado porque desde que llega a la casa del novio empieza a sufrir violencia”, lamentó.
“Conforme va pasando el tiempo ellas siguen siendo sometidas bajo el yugo del marido, de los suegros, y cuando empieza a haber hijos, y la mujer decide ya romper con la violencia y dice ‘ya no quiero vivir con mi pareja’, son condicionadas: ‘y te vas sin hijos, te vas sola’, y aparte les imponen otra cuestión de que hay que reintegrar el dinero”.
El problema, puntualizó, empeora cuando una mujer denuncia, ya sea ante un comisario ejidal, ante una síndico, o incluso ante un ministerio público, pues es cuando las meten a la cárcel, o bien, son exiliadas de sus comunidades.
“Para que las mujeres indígenas accedan a la justicia, la justicia tiene un costo porque tiene que haber dinero de por medio”, concluyó”.
