Consulta a indígenas y afromexicanos está amañada, insisten

*Sólo hacen que los consultados levanten la mano y les toman fotos

*No les dan a conocer la iniciativa de reforma constitucional

LUIS HERNÁNDEZ
CUAJINICUILAPA, GRO.

Ciudadanos de los municipios de Cuajinicuilapa, Marquelia, Juchitán, Copala, San Luis Florencio Villarreal y Ometepec de la región costa chica del estado de guerrero aseguran que la consulta que esta realizando el Congreso del estado a los pueblos indígenas y afromexicanos violenta sus derechos y la propia naturaleza del ejercicio, que debe ser libre, informada, previa, culturalmente adecuada y de buena fe.

Raymundo Benito de la comunidad de Cochoapa en el municipio de Ometepec, dijo que los enviados del Congreso local quieren imponer una consulta a modo porque la sentencia de SCJN los obligó a presentarla antes del 14 de este mes y de no lograrlo estarían en desacato ante el máximo arden del poder judicial.

Y reclama que los enviados por el Congreso local no toman en cuenta el marco constitucional del Artículo 2, al no respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos y que han llegado a decir que la consulta se acepte sin más “porque los demás pueblos ya están aceptando la consulta sin ninguna discusión”

Por su parte, David Bracamontes, de San Nicolas, municipio de Cuajinicuilapa, se queja de que las asambleas están amañadas y que la consulta no es de buena fe ni con previa información, ya que sólo se limitan a preguntar a los presentes a las asambleas si están de acuerdo con lo que se lee y que alcen la mano, se toma la foto, se levanta un acta como si el acto hubiera sido un ejercicio legal.

“En San Nicolás, Felipe de la Cruz, un integrante del comité gestor del nuevo municipio, sólo daba lectura a las preguntas y esperaba que se levantara la mano. El documento no lo poseían los integrantes de la asamblea, a pesar de que se le pidió que lo compartiera con los ciudadanos. Esa asamblea debe anularse porque mañosamente Felipe indujo a la asamblea”, aseguró Bracamontes.

“Están de acuerdo que la policía comunitaria se coordine con las fuerzas de seguridad estatal?”, preguntaba Felipe de la Cruz y la asamblea contestaba alzando la mano. Eso no es una consulta culturalmente adecuada, ni informada, es un fraude a la comunidad, sobre todo de mala fe porque el Congreso nunca emitió una ley secundaria que diera ordenanza a la Policía Comunitaria que lastimó a muchos ciudadanos, por lo que si se hace la pregunta de manera burda se predispone a la negativa de la asamblea”, explicó el vecino de San Nicolás.

Bracamontes dijo que Felipe De Jesús operó la asamblea en favor de la consulta amañada a pesar de que en la reunión estuvo de observadora Gretel Dávila, de la delegación de Derechos Humanos. “Ni ella ni la diputada Ana Reséndiz intervinieron ante algunos reclamos; más bien, los enviados del Congreso se apresuraron a tomar las fotos con ciudadanos a mano alzada para aparentar una consulta. Lo mismo paso en las comunidades de El Pitahayo, El Tamale, EL Faro y Maldonado”, señaló.

Dijo que “solamente presentaron ‘la iniciativa de la gobernadora’ como documento para discusión, pero nunca nos presentaron el documento que originó la controversia en la Suprema Corte; o sea que desconocemos el origen del problema y la información amplia para discutir el tema en nuestras asambleas, no nos da tiempo organizarnos para abordar tan importante oportunidad para beneficio de nuestras futuras generaciones. Tal parece que la Cámara local le interesa salvar su pellejo a costa del futuro de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Gilberto Vega, de Marquelia, comentó que no es correcto que quien, si está bien informado -como el caso de los diputados- atente contra la buena voluntad y el poco conocimiento que tienen de las leyes los pueblos originarios.

“Reprobamos tajantemente las formas y prácticas que se están utilizando por parte de los diputados que violentan nuestros derechos constitucionales”, señaló.

Senén Rodríguez, de Juchitán, señaló que el mandato judicial se debe acatar en estricto apego a la ley, y que el Congreso estatal no puede realizar una consulta sin salvaguardar las formalidades inherentes a la información, adecuación y de buena fe, siendo ésta sustentada en los usos y costumbres del pueblo. “Una consulta debe ser discutida, analizada y aprobada por sus destinatarios, y en este contexto el Congreso, al actuar de manera unilateral, conculca el principio de igualdad de las partes, por lo que las comunidades debemos alzar la voz e inconformarnos por esta acción de ilegítima procedencia que lastima la relación de la comunidad con sus representantes políticos”.

Indicó que al viciarse el proceso consultivo, la norma nace abortada y no puede salir al mundo jurídico. “Es por ello que los ciudadanos nos debemos pronunciar por la regularización del procedimiento consultivo e impugnar la acción del congreso local por ser esta acción por demás inconstitucional, frívola, inconsistente e informal. En este sentido Juchitán impugna este proceso y se manifiesta en contra de esta consulta al vapor que rompe con el equilibrio legal del estado de derecho”, dijo.

Los ciudadanos Itzama Calleja, de Copala; Oscar Rendón y Martín Rosario, de Florencio Villarreal, así como Bernardo Santillán de San Luis Acatlán, concordaron en llevar a cabo asambleas informativas para que los enviados del Congreso del estado no mientan a las comunidades o se aprovechen de la buena fe de gente humilde que sólo levanta la mano sin saber lo que esto implica, además de que presentarán denuncia del proceder del la 63 Legislatura ante la SCJN.