Toca a SCJN determinar si se acató fallo sobre consulta indígena: CDHEG
KARLA GALARCE SOSA
QUADRATÍN GUERRERO
La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si se cumplió o no con la sentencia de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes durante la consulta, cuya fecha límite para que se desarrolle es en ocho días.
Consideró que la petición de cancelación que hicieron afuera del Congreso del Estado integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), defensores de derechos humanos y activistas, durante la movilización del martes en Chilpancingo, podrá ser evaluada una vez que se cumpla el plazo que estableció la Corte.
En declaraciones a reporteros luego de su participación en la sesión del Grupo ACA, la ombudsperson dijo que el organismo que preside acude a cada municipio donde se efectúa la consulta por invitación del Congreso del Estado, desplegando a observadores donde los solicita, aunque lo realiza de manera formal y mediante solicitudes por escrito.
Indicó que la semana pasada se reunió con el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio para dar seguimiento a la consulta, al igual que con otros líderes de organizaciones.
En referencia al exhorto que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la semana pasada de que el Congreso incumple con lo establecido en la sentencia de la SCJN, al señalar que son reuniones y no una consulta a los pueblos originarios y afroamericanos, Narciso Gaytán comentó que se mantendrá presencia donde ésta se lleve a cabo.
La consulta a los pueblos indígenas y afro, para modificar el artículo 14 constitucional de la Ley 701 aprobada por el Congreso del Estado, y que promovió el ex gobernador Héctor Astudillo Flores tiene como fecha límite el 14 de abril.
La legislación pasada desconocía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en materia de seguridad, organización y justicia. La SCJN ordenó al Congreso realizar una consulta a los pueblos y modificar la ley en un plazo de 14 meses.
