Matan, roban y extorsionan a religiosos también en Guerrero, denuncian
ÁNGEL GALEANA/RÉPLICA
CHILPANCINGO, GRO.
El presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Guerrero, Carlos Marx Barbosa Guzmán exigió a los gobiernos federal y estatal acciones para garantizar la seguridad de quienes profesan activamente una religión, tras el asesinato de dos misioneros jesuitas en la sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.
En conferencia de prensa, Barbosa Guzmán reprobó el homicidio de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
El representante de las distintas iglesias en Guerrero, indicó que en el caso del estado, la comunidad religiosa también enfrenta los embates de la inseguridad, con homicidios, robos en templos, cobro de cuotas, discriminación y hasta prohibiciones para predicar en algunas regiones como la Sierra y La Montaña, por parte de la delincuencia organizada.
Recalcó que el gobierno debe pensar en otra estrategia de seguridad, ya que no ha funcionado la política de abrazos y no balazos, toda vez que los hechos de violencia siguen al alza.
Barbosa Guzmán, acusó también que las políticas de odio institucionales han provocado hechos de violencia contra líderes religiosos.
Se solidarizó con los sacerdotes asesinados por un delincuente en Chihuahua, caso que, consideró, tiene atención por ser de extrema violencia y porque las víctimas eran de la misma orden del papa Francisco; sin embargo, aseguró que han habido más casos que no han tenido respuesta de las autoridades.
Políticas
de odio
Acusó que políticas de odio institucionales contra el sector religioso como leyes «que atentan contra la vida y la familia» implican actos de violencia contra las líderes católicos porque van contra esos idearios.
«Al manejarse situaciones instituciones de odio en contra del sector religioso esto alimenta más odio por parte de delincuentes», aseguró.
Dijo que antes los delincuentes tenían códigos de respetar los funerales y no se metían a las iglesias, pero la situación se ha rebasado hasta hechos como los que ocurrieron en Chihuahua.
«Nos preocupa, porque si desde las instituciones gubernamentales se empezaron a implementar un tipo de política de leyes de odio, de no cuidar la vida y la familia, esto implica que no vayan a querer seguir respetando este tipo de situaciones. El Estado Mexicano tiene la obligación de procurar la defensa de la vida de la familia y de la fe religiosa», señaló.
Denunció que en lo que va del año han sido asesinados 7 sacerdotes, y ninguno ha tenido atención de las autoridades, además de que en regiones del estado como en la Montaña y la Sierra se han registrado cobro de cuotas a las iglesias y hay zonas en las que no pueden predicar, hechos que no se denuncian por las represalias que pudieran sufrir.
Dijo que también se han hecho robos a templos en Chilpancingo, delitos que denunciaron pero que no han tenido ninguna respuesta de las autoridades.
