Piden evaluar estrategia para frenar matrimonios forzados en la Montaña
*«Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado», afirmó la abogada y activista feminista, Rosa Palafox
*Cree que uno de los posibles obstáculos de esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del gobierno estatal
Jesús Guerrero
AMAPOLA PERIODISMO
Activistas feministas de Guerrero exigieron que se evalúe la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y matrimonios forzados en la Montaña que en noviembre del 2021 el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda puso en marcha.
«Debe de haber una evaluación de esta estrategia en un sentido crítico para saber si funcionó, está funcionando o que más falta por hacer porque de nada sirve que se esté trabajando si no se está atendiendo a esta problemática que son los matrimonios forzados o venta de niñas», afirmó la abogada y activista Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
El 10 de noviembre del 2021, después de varias semanas de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumió el cargo de gobernadora, arrancó la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la Montaña.
De esa fecha hasta en lo que va de este 2022 se registraron varios casos de matrimonios forzados de niñas.
El caso más reciente es de Ema, de 13 años, después de que fue obligada a casarse, fue explotada por sus suegros en los campos agrícolas en el estado de Jalisco, regresó a Cochoapa El Grande, se escapó y el pasado 28 de abril la suegra la encarceló para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella a su tío y abuelo.
De la Rosa Palafox señaló que aun de que su organización no fue tomada en cuenta para integrar el Comité Técnico Interinstitucional, ellas como activistas feministas independientes exigen que se garanticen los derechos de las niñas y de las adolescentes a vivir libres de violencia.
«Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado», afirmó la abogada y activista feminista.
De la Rosa Palafox dijo que no es sólo el hecho del matrimonio forzado sino que la violación de los derechos de las niñas va mucho más allá con su compra venta.
«O sea a los padres, familiares se les otorga una cierta cantidad de dinero o algunos objetos e incluso animales a cambio de esta unión forzada por parte de una menor de edad», expresó.
En entrevista telefónica, la activista reconoció que esta práctica sigue vigente en comunidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica no se va a erradicar en seis meses porque esto es una práctica de usos y costumbres pero que vulnera los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Cree que uno de los posibles obstáculos de esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del gobierno estatal.
«Es difícil llegar a las comunidades más recónditos de la Montaña porque aquí ni siquiera están garantizados los servicios más esenciales para las mujeres».
Planteó que una de las medidas preventivas que debe impulsar este gobierno para erradicar estas prácticas discriminatorias hacia la mujer es la prevención y sensibilización.
Necesario cambiar
usos y costumbres
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que ojalá y esta estrategia que puso en marcha esta administración estatal para prevenir y frenar los matrimonios forzados de las mujeres, niñas y adolescentes no sea sólo en este gobierno.
«Tenemos la experiencia que muchos programas son sexenales y no hay una continuidad».
Mencionó que es necesario cambiar esas tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas.
Reyna Aguilar también consideró necesario que se evalúe la estrategia de las instituciones gubernamentales, entre ellas, la que implementa la Secretaría de la Mujer.
Reconoció que extirpar de raíz estas prácticas no será tan fácil y que será un proceso difícil pero ella confía en la voluntad de las autoridades.
Violencia y pobreza
Pobreza, violencia intrafamiliar, secuestro, aumento de feminicidio y falta de justicia son los problemas que enfrentan las mujeres en la región de la Montaña, señala en un informe que presentó este viernes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El evento convocado en Tlapa por la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, fue para analizar los avances y retos para la erradicación de las uniones tempranas forzadas.
Tlachinollan señala en su informe que en los municipios de esta región hay un incremento de asesinatos de niñas; secuestros a mujeres y niñas; violaciones sexuales; víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Se denunció que las agencias del Ministerio Público de la Montaña son centros de negociaciones de los matrimonios forzados de niñas.
También en las agencias de delitos sexuales, no se les da credibilidad a los dichos de las víctimas y alientan en acuerdo en favor del esposo.
En las decisiones que toman los jueces de control no toman en cuenta el contexto regional de violencia que padecen las mujeres y juzgan sin perspectiva de género, dice el informe de Tlachinollan.
Al evento llegaron Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; no llegaron la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda ni la representante en México de la ONU-Mujeres, Belen Sanz Luque.
En entrevista, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organización civil, aseguró que a ocho meses que arrancó la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, los matrimonios forzados a edad temprana no han bajado.
«Se siguen registrando muchos casos (de matrimonios forzados) no solamente en las comunidades de Cochoapa El Grande sino en otros municipios de la Montaña y la inacción del gobierno es insólita», agregó.
En entrevista telefónica, el activista dijo que una prueba de que esta estrategia que puso en marcha el gobierno de Salgado Pineda, es el diagnóstico que ellos presentaron este viernes en Tlapa.
«No solamente los matrimonios no han bajado, también los feminicidios, violaciones sexuales contra las mujeres y la justicia e impunidad siguen vigentes», aseguró.
En los próximos días esta organización dará a conocer más casos de uniones forzadas de niñas de localidades de la Montaña.
