Acusan a la SSP y Finanzas de incurrir en terrorismo fiscal
*Por la forma en que pretenden hacer efectivo el cobro de la tenencia vehicular
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
El secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCASC), Evencio Romero Sotelo, acusó a las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública de Guerrero de ejercer terrorismo fiscal en contra de los propietarios de vehículos que no están al corriente con el pago de la tenencia vehicular, un impuesto creado antes de 1968, que “ya no debería existir”.
La jornada del martes 20 de junio, la SSP difundió un comunicado dirigido a la ciudadanía, para ratificar la invitación a cumplir con la obligación de tener vigentes las placas de circulación sus vehículos, para de esa manera evitar sanciones e infracciones.
En dicho comunicado se explica que ambas dependencias pusieron en marcha un programa denominado “Módulos de Revisión y Prevención Vehicular 2023” en las ocho regiones del estado.
La intención es orientar a la ciudadanía para cumplir con la obligación de estar al corriente en el refrendo de las placas de sus vehículos.
El documento advierte: “Cabe mencionar que la persona que no cumpla con esta obligación, de acuerdo con el artículo 291 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, se harán acreedores a sanciones; la falta cometida es conforme a la tabla de infracciones, sanciones, medidas de seguridad y amonestaciones”.
Indica: “De acuerdo con la tabla, transitar sin placas de circulación o que están vencidas, corresponde a una multa de entre 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), en este respecto, es importante precisar que el pago de dicha multa solo se puede hacerse directamente en oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero”.
Es terrorismo
El abogado Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias, aseguró que al principio supuso que la información contenida en el comunicado de la Sefina y la SSP era falso, pues aseveró: “No está debidamente fundamentado, ya que el artículo 291 a que se refiere en la Ley de Transporte y Vialidad no existe, ese está en la Ley Reglamentaria de Transporte, es decir, el artículo 291 pertenece al reglamento de la Ley de Transporte, además carece de firma y sello lo cual hace que no surta los efectos legales para ser un documento público”.
Recordó que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución General de la República, nadie puede ser molestado en su casa, posesiones ni en sus documentos sin previa orden judicial, por lo que exhortó a la población: “No permitan que revisen sus vehículos”.
En caso de que algún agente de Tránsito o policía quiera hacerlo, dijo que los propietarios tienen el derecho de grabar y proceder a denunciar el abuso de autoridad.
Incluso, de avanzar alguna irregularidad, recordó que los afectados pueden recurrir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dicho órgano tiene la obligación de atenderlos.
Para Romero Sotelo, la forma en que se pretende proceder contra los propietarios de vehículos es un atentado contra sus libertades.
Recordó además, que la tenencia vehicular es un impuesto que nació antes de 1968 con la justificación de costear los gastos de organización de los juegos olímpicos de aquel año, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
A estas alturas, sólo Guerrero y Baja California son los únicos estados del país que mantienen vigente dicho impuesto.
Cuestionó: “¿Saben lo que hacen con el pago de lo que hacen con el pago de ese impuesto? ¡Pues chingárselo!”
Si la forma en que se plantea que va a proceder el personal de la SSP avanza, dijo que el Congreso local puede actuar, llamar a cuentas al titular de la dependencia y si persiste en su intención, proceder a exigir su destitución, porque está vulnerando a la Constitución General de la República.
Argumentó que el Gobierno tiene mecanismos para recuperar el pago del impuesto de la tenencia sin tener que instalar módulos de orientación o retenes, “Cuando uno vende el carro y el comprador va a hacer el cambio de propietario, ahí se cobran todos los recargos, de lo contrario no avanza ningún trámite”.
Por eso aseveró: “No es necesario llegar al terrorismo fiscal, porque eso es terrorismo fiscal, está fuera de toda legalidad”.
