FGE investiga a 10 alcaldes, una diputada local y un síndico

*Son ocho alcaldes de Tierra Caliente, uno de zona Norte y la jefa de Cabildo de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, junto con su síndico
*Se trata de servidores públicos con fuero constitucional que militan en el PRI, PRD, MC y Morena
*Solicita información al Congreso, pero las causas penales se mantienen bajo reserva 

REDACCIÓN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.

La Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves (FEIDG), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene abiertas dos carpetas de investigación que involucran a diez alcaldes y alcaldesas, una diputada local y un síndico, se trata de servidores públicos con fuero constitucional que militan en el PRI, PRD, MC y Morena.
El viernes 7 de julio, el titular de la FEIDG, Germán Reyes entregó a la Mesa Directiva del Congreso local, que preside la perredista Yaneli Hernández Martínez, el oficio FGE/FEIDG/925/2023, por el cual solicita copias certificadas de las actas de protesta o, en su caso, las constancias documentales que acrediten a los servidores públicos que se encuentran relacionados con dos carpetas de investigación, derivadas de la presunta comisión de delitos graves.                 
El oficio fue recibido ese viernes a las 15:08 horas, como se confirma con el acuse de recibo correspondiente, que se encuentra amparado por el sello y firma del Poder Legislativo.
La primera carpeta de investigación abierta en el área de delitos graves, es la 12020910300010290423, y por ella se pide la información relacionada con la toma de protesta de César Ortiz Torres, quien ganó la presidencia municipal de Acapetlahuaya, en la región Norte del estado impulsado por el Movimiento Ciudadano (MC).
Derivado de la misma carpeta de investigación, se pide información de los priistas Mayte Arce Jaimes, alcaldesa de Cutzamala de Pinzón; Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; Jose Luis Antunes Goicochea, de Tlapehuala y Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlan del Progreso.
Los alcaldes perredistas relacionados con la misma carpeta son Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán y Freddy Vázquez Palacios, de San Miguel Totolapan.
En la lista presentada al Congreso local se encuentra la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, hija del ex dirigente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre y hermana de la ex diputada celeste Mora.
Por esa misma causa, se pide la documentación relacionada con la diputada perredista Elzy Camacho Peñaloza, hija del finado ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea y quien enfrenta una discapacidad que la hace depender de una silla de ruedas para desplazarse.
Hay otra carpeta de investigación en manos de la FEIDG, la 12020910200016250623, que involucra a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez y su síndico, Andrei Marmolejo Valle, de quienes también se solicitó la copia certificada de los documentos que acrediten el encargo que actualmente ostentan.

Información

reservada

En la argumentación de los oficios entregados, la FEIDG explica que los documentos requeridos contienen información necesaria para el esclarecimiento de hechos que se indagan dentro de la respectiva carpeta de investigación, “misma que se mantiene bajo reserva en atención a los artículos 15, 105, 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Es decir, los diputados locales saben que existe una carpeta de investigación que involucra a los jefes de Cabildo y al síndico de Chilpancingo, pero desconocen los delitos que la FGE se encuentra investigando. 
Detalla que con base a la interpretación relacionada con los artículos antes mencionados, “solo las partes de una carpeta de investigación o bien, de todo el proceso penal, tendrán acceso a los registros de la indagatoria, para ello es conveniente precisar los sujetos que tienen reconocida calidad de parte en un procedimiento penal, para lo cual el código nacional de procedimiento penales establece en su articulo 105 establece que son sujetos del procedimiento penal: la victima y ofendido; el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policia, el órgano jurisdiccional, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Antecedentes

Si bien la FGE mantiene bajo reserva la información por la que se relaciona a los alcaldes, la diputada y el síndico, la opinión pública tuvo conocimiento de la participación de las autoridades municipales en el bloqueo de 72 horas que se registró en las carreteras de la Tierra Caliente, durante los primeros días de mayo.
Dichos bloqueos derivaron de un decomiso realizado por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 11 autos de lujo, que fueron retirados de Pungarabato con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).
En los bloqueos participaron los presidentes municipales, pero además representantes de la delegación de gobierno, delegados de los servicios educativos y hasta coordinadores de los “servidores de la nación”.
Las unidades de lujo, fueron aseguradas en una presunta casa de seguridad del grupo conocido como “La Familia Michoacana”.
Antes, el 8 de abril, los alcaldes calentanos se habían reunido en San Miguel Totolapan para dar a conocer que habían recibido amenazas de muerte por parte de un grupo antagónico a la FM, “Los Tlacos” y que por lo tanto, ya no viajarían hacia Chilpancingo porque se encuentran en una situación de riesgo.
Desde ese momento, los alcaldes de Tierra Caliente no viajan a la capital del estado para realizar trámites o gestiones.      
En el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y su síndico, Andrei Marmolejo, se refiere que fueron mencionados en dos cartulinas abandonadas la madrugada del 24 de junio en el barrio de San Mateo, justo en el parabrisas de una camioneta de lujo en la que se abandonaron siete cadáveres desmembrados.
Posteriormente, se dieron a conocer dos videos, en los que se observa a la primer edil dialogando con un supuesto capo del crimen organizado, a quien el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza identifica como Celso Ortega Jiménez, supuesto líder del grupo criminal de “Los Ardillos”.